Institucional

• Los trabajos consistirán en reparar hundimientos y blandones en una vía muy transitada, que soporta 1,3 millones de vehículos al año

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, se reunió esta mañana con la alcaldesa de Blanca, Esther Hortelano, y con el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Rodríguez, a quienes informó de que la Dirección general de Carreteras ha redactado un proyecto para reparar la vía RM-553, que conecta el núcleo urbano de Blanca con la autovía A-30 (Cartagena-Albacete), “con el objetivo de mejorar la seguridad vial” y que está previsto que estas obras saldrán a licitación el próximo mes.

Los trabajos consistirán en reparar los hundimientos y blandones detectados, así como los daños ocasionados por los desprendimientos de las laderas sobre esta vía, y el refuerzo de firme de toda la carretera, que permitirá solucionar el desnivel existente que dificulta la conducción, sobre todo cuando se trata de vehículos pesados.

Rivera indicó que “con estas obras damos solución a un compromiso que adquirimos con los vecinos de Blanca, ya que está carretera, que tiene una extensión de algo más de 5,5 kilómetros, es muy transitada y soporta 1,3 millones de vehículos al año, de los que 51.500 son camiones”.

La inversión prevista es de 132.000 euros y los trabajos incluirán la reparación del firme, saneamiento de taludes y renovación de la señalización horizontal y vertical.

Regeneración de zonas urbanas

Por otro lado, el titular de Fomento explicó a la alcaldesa de la localidad que el Plan de Vivienda 2017 prevé ayudas de 11,3 millones de euros para que los ayuntamientos puedan solicitar la regeneración de zonas urbanas y rehabilitación de viviendas (ARRU) en sus municipios.

Así, los ayuntamientos delimitan el espacio en el que pretenden llevar a cabo la regeneración urbana y a continuación solicitan su declaración como Área de Regeneración y Renovación Urbana, para que puedan concederse las ayudas, que incluyen obras en viviendas como mejoras en la cimentación, fachadas, cubiertas, accesibilidad y saneamiento; y obras de urbanización, regeneración de zonas verdes, arreglo de calles y mejora de servicios comunes, entre otras actuaciones.

Rivera hizo hincapié en que este programa “beneficiará a más de 3.000 familias durante este año y generará puestos de trabajo relacionados con la construcción en las zonas donde se desarrolle”. La Consejería tiene prevista la ejecución de ARRU en una veintena de municipios durante 2017.

El municipio de Blanca, junto al de Cieza y Abarán,  será de los primeros municipios en los que se implanten los nuevos equipos de coordinación para atender a pacientes de Salud Mental. Esta comisión se pondrá en marcha en el resto de la Región en los próximos meses, según lo previsto en el Plan de Salud Mental,y siguiendo la recomendación del Consejo Asesor de Salud Mental.

La alcaldesa, Ester Hortelano, acudió a la presentación del Protocolo de Coordinación Sociosanitaria para la Atención a Personas con Trastorno Mental Grave y Drogodependencias, aprobado por las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades. Presentación que estuvo a cargo de la directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, Mercedes Martínez-Novillo, junto con la directora general de Familia y Políticas Sociales, Verónica López. En el acto también participaron los alcaldes de Cieza, Pascual Lucas, y de Abarán, Jesús Molina, así como representantes de las ONG; el gerente del Área Sanitaria, Carlos Arenas, y la directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, María Teresa Martínez.

En este mismo acto se constituyó la comisión encargada de velar por la implantación y desarrollo de este protocolo en el área IX de Salud, que comprende las localidades de Cieza, Abarán y Blanca.

Este documento, elaborado en el marco de la Comisión Sociosanitaria Regional, pretende atender de forma integral las necesidades individuales y familiares de las personas con trastornos mentales graves o drogodependencias, a través del Gobierno regional, los ayuntamientos y las ONG relacionadas con estas patologías.

Martínez-Novillo recalcó la importancia de este tipo de acciones para atender a estos pacientes y agregó que en la Región hay unas 70.000 personas diagnosticadas con enfermedad mental, la mayoría de ellas por ansiedad y depresión y, con menor frecuencia, por trastornos psicóticos, toxicomanías y trastornos de la personalidad, estos últimos, objeto de este protocolo de coordinación.

Los profesionales de Salud Mental de los tres municipios atendieron en 2016 a 2.592 personas, 1.974 en el programa de adultos, 133 en el programa de drogas y 485 en el infanto-juvenil, lo que generó más de 17.000 consultas el año pasado. De los casi 2.600 pacientes del área, un 21 por ciento han sido diagnosticadas con un trastorno mental grave.

Más de 700 profesionales en salud mental

El SMS cuenta con más de 700 profesionales en el área de salud mental y vertebra la atención a personas con enfermedad mental en cinco grandes bloques asistenciales: Programa de Adultos, Infanto-Juvenil, Drogodependencias, Rehabilitación-Reinserción y Hospitalización. En cuanto al total de consultas en toda la red de salud mental de la Región, ronda las 500.000, de las que 353.000 fueron de adultos, 78.000 sobre drogas, y 71.000 en programa infanto-juvenil.

El protocolo que se pone en marcha ahora prevé la constitución de equipos base de coordinación, que serán los responsables de la gestión integral de las necesidades de las personas con trastorno mental grave y sus familias, que de forma simultánea o sucesiva requieran de la intervención de los servicios sociales, sanitarios u otros. Estos equipos estarán compuestos por profesionales del centro de salud mental, trabajadores sociales y profesionales de servicios sociales.

Entre sus funciones destaca la gestión de casos para estudiar las situaciones de personas que necesiten una respuesta conjunta de los servicios sanitarios, sociales y otros. También establece que se adopten soluciones coordinadas a través de una metodología de trabajo multiprofesional y compartida y que intercambien conocimientos y evidencias clínicas. Asimismo, se encargarán de detectar las necesidades y carencias de las personas a las que atienden y de proponer los recursos que precise este colectivo.